El Gobierno considera «satisfactorio» el desempeño en Castilla y León.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Saiz ha expresado su preocupación por el «bloqueo» en varias autonomías y ha criticado con firmeza la «alfombra roja» que, a su parecer, el Partido Popular está extendiendo a Vox para la formación de gobiernos que «perjudican el interés general«.

Desde su posición en la mesa del Consejo de Ministros, Elma Saiz ha transmitido un mensaje de optimismo moderado sobre la situación del PSOE en Castilla y León. Aunque la victoria electoral fue esquiva, la portavoz ha felicitado a Carlos Martín Martínez por una campaña enfocada en propuestas reales para la comunidad. «El Partido Socialista está aquí para ganar y transformar la vida de la ciudadanía; hoy hemos establecido las bases de un proyecto que tendrá mucho que decir sobre el futuro de la comunidad«, ha afirmado Saiz, destacando la resiliencia de la organización en un entorno de alta polarización.

No obstante, la atención de la comparecencia se ha dirigido rápidamente hacia la política de pactos. La ministra ha lamentado la situación de «parálisis» que enfrentan comunidades como Extremadura y la propia Castilla y León, destacando que los ciudadanos son los mayores afectados por la ausencia de acuerdos de gobierno estables. Saiz ha criticado la actitud de los líderes regionales del PP, mencionando específicamente a María Guardiola por «entregar un cheque en blanco» a la formación de Santiago Abascal.

Críticas al modelo de gobierno PP-Vox

La portavoz ha advertido sobre las implicaciones de dejar la gobernabilidad en manos de Vox, señalando que «ya sabemos lo que traen esos acuerdos«. Entre los puntos de mayor controversia, Saiz ha resaltado el negacionismo del cambio climático, que entra en conflicto directo con la estrategia energética nacional en un contexto internacional agitado. «Haber cumplido con las tareas en materia de energías renovables nos sitúa en mejor posición para enfrentar la crisis; retroceder es un error histórico«, ha defendido la ministra.

Asimismo, ha denunciado lo que considera una falta total de respeto hacia la memoria histórica y democrática por parte de la ultraderecha. Según el Ejecutivo, el precio que el Partido Popular parece dispuesto a pagar para alcanzar el poder autonómico representa un riesgo para los «derechos» consolidados y la «convivencia».