El Tribunal de Cuentas analiza la posibilidad de supervisar los acuerdos de la Comunidad de Madrid con Quirón y Ribera Salud.
El Tribunal de Cuentas autonómico ha comenzado a dar los primeros pasos para analizar una posible fiscalización de los contratos de la Comunidad de Madrid con los grupos sanitarios Quirón y Ribera Salud, después de una denuncia interpuesta por el PSOE de Madrid.
Esta iniciativa surge tras hacerse pública una presunta condonación de hasta 71 millones de euros por parte del Gobierno regional a estas empresas del sector privado sanitario, relacionada con tratamientos que, según la denuncia, no habrían sido realizados en hospitales privados y finalmente se derivaron a centros públicos.
Ante tal situación, el grupo socialista en la Asamblea de Madrid solicitó la intervención del órgano fiscalizador para investigar una posible responsabilidad contable debido a un presunto perjuicio a los fondos públicos.
El Tribunal remite el expediente a la Sección de Enjuiciamiento
Según informaron fuentes consultadas, el Tribunal de Cuentas ya ha enviado el expediente a la Sección de Enjuiciamiento, un paso previo para decidir si es adecuado abrir una investigación formal o archivar la solicitud.
Este remite no implica aún la apertura de una causa, sino el comienzo de una fase preliminar en la que el organismo evaluará si existen indicios suficientes para continuar con el proceso.
La decisión final recaerá en la Comisión de Gobierno del propio Tribunal de Cuentas, que deberá definir si se inicia una fiscalización o si se desestima la denuncia.
La denuncia del PSOE: posible detrimento de fondos públicos
La acusación presentada por el PSOE se basa en la posibilidad de que se haya producido un “detrimento de fondos públicos”, lo que podría resultar en responsabilidades contables para la administración autonómica.
El escrito enviado al tribunal también sugiere un presunto “ánimo de ocultación” en la administración de los contratos sanitarios, de acuerdo con el contenido de la denuncia.
Desde el grupo socialista en la Asamblea de Madrid, su portavoz Mar Espinar ha criticado duramente la gestión del Gobierno regional en cuestiones sanitarias.
Según afirmó, la Comunidad de Madrid “no puede seguir regalando dinero público a Quirón y a Ribera Salud”, al considerar que estas empresas privadas reciben grandes sumas de fondos públicos sin un control adecuado sobre los servicios prestados.
La dirigente socialista también criticó la situación del sistema sanitario público madrileño, resaltando las listas de espera y las condiciones laborales del personal sanitario.
El Gobierno regional minimiza la denuncia
Ante las críticas del PSOE, el Gobierno de la Comunidad de Madrid ha mostrado confianza frente a la denuncia y ha asegurado que todos los contratos están debidamente supervisados.
El consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, manifestó que el Ejecutivo regional no está preocupado por el proceso.
“Eso es lo que afirma el Partido Socialista. Nosotros estamos muy tranquilos porque todos los contratos están fiscalizados”, aseguró durante la conferencia de prensa posterior al Consejo de Gobierno llevado a cabo en la Real Casa de Correos.
El consejero también etiquetó la denuncia como una táctica política del PSOE de Madrid, acusándolos de intentar desviar la atención de otros temas asociados al Gobierno central.
A la espera de la decisión del Tribunal
El proceso se encuentra ahora en una fase preliminar, en la que el Tribunal de Cuentas evaluará la documentación presentada antes de decidir si prosigue con la investigación o archiva el caso.
Si finalmente se toma la decisión de abrir una fiscalización, el organismo podrá analizar la gestión de los contratos sanitarios entre la Comunidad de Madrid y los grupos hospitalarios privados involucrados, así como determinar si hubo un perjuicio económico para las arcas públicas.
Hasta entonces, la investigación sigue a la espera de la decisión de la Comisión de Gobierno del Tribunal, que será responsable de definir el futuro del expediente.



