Las acciones del Gobierno para enfrentar la crisis comenzarán a aplicarse este domingo tras su difusión en el BOE.

Las medidas anticrisis aprobadas por el Gobierno para enfrentar el impacto económico de la guerra en Irán comenzarán a aplicarse este domingo, tras su publicación este sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Este paquete, con un presupuesto de 5.000 millones de euros, contiene una serie de iniciativas urgentes que deberán ser convalidadas por el Congreso de los Diputados el próximo 26 de marzo.

El plan se organiza en dos reales decretos-leyes, uno enfocado en medidas económicas y fiscales, y otro referido específicamente a vivienda, donde se incluye la prórroga extraordinaria de los contratos de alquiler.

Rebajas fiscales y medidas energéticas

El decreto principal incluye una reducción del IVA del 21% al 10% en productos energéticos como los carburantes, la electricidad y el gas natural, así como en combustibles alternativos como briquetas y pellets.

También se establece la congelación del precio máximo del butano y el propano, junto a otras medidas clave como:

• Reducción del Impuesto Especial sobre la Electricidad al 0,5%, el mínimo permitido por la Unión Europea
• Suspensión temporal del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica (7%)
• Rebaja del impuesto de hidrocarburos al nivel mínimo comunitario
• Bonificación del 80% en los peajes eléctricos para la gran industria

Estas acciones buscan mitigar el impacto del aumento de precios energéticos provocado por el conflicto internacional y apoyar tanto a hogares como a sectores productivos.

Ayudas directas y protección del empleo

El paquete también incluye ayudas directas de 20 céntimos por litro de gasóleo profesional para sectores como el transporte, la agricultura, la ganadería y la pesca.

Así mismo, se incorpora la prohibición de despidos objetivos relacionados con la crisis, con el fin de proteger el empleo en este entorno de incertidumbre económica.

El Gobierno también intensificará el control sobre los márgenes empresariales en el ámbito de los combustibles, una de las iniciativas promovidas por su socio de coalición, Sumar.

Congelación de alquileres durante dos años

El segundo decreto introduce una de las iniciativas más sobresalientes en el tema de vivienda: la prórroga automática de los contratos de alquiler de vivienda habitual que terminen en 2026 o 2027, por un periodo máximo de hasta dos años.

Según las estimaciones, esta normativa podría afectar a más de un millón de contratos y beneficiar a alrededor de 2,7 millones de personas, dentro del esfuerzo por mitigar los efectos de la crisis sobre el acceso a la vivienda.

Pendientes de convalidación en el Congreso

Aunque las normativas ya están en vigor desde este domingo, su permanencia dependerá de la convalidación parlamentaria que se llevará a cabo el jueves 26 de marzo, cuando el Congreso de los Diputados deberá aprobar o rechazar ambos decretos.

Este conjunto normativo surge en un contexto internacional marcado por la inestabilidad energética y económica, con el objetivo de amortiguar sus efectos en los hogares, las empresas y los sectores más vulnerables.