Madrid solicita una legislación nacional que posibilite desalojos de ocupantes en 24 horas y que impida su registro en el padrón municipal.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha solicitado de manera urgente la aprobación de una ley estatal contra la ocupación ilegal que incluya el desalojo en un plazo máximo de 24 horas, prohíba el empadronamiento de okupas en los ayuntamientos y contemple un endurecimiento de las penas establecidas en el Código Penal. Así lo confirmó el consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, Jorge Rodrigo, en una entrevista con la agencia Servimedia.

Rodrigo ha afirmado que la norma es “urgente y necesaria” para asegurar la seguridad, la convivencia vecinal y la protección del derecho a la propiedad, que considera uno de los pilares fundamentales de la Constitución. El consejero también ha criticado a la presidenta del Congreso, Francina Armengol, a quien acusa de “tener secuestrada” la ley aprobada por el Senado a propuesta del Partido Popular.

En sus declaraciones, ha solicitado al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que tome medidas para evitar que “la convivencia en los edificios se deteriore a causa de la okupación”. Rodrigo enfatizó que esta problemática genera “tensión social, conflictos y deterioro del tejido urbano”.

Críticas a la Ley de Vivienda y al concepto de “zonas tensionadas”

El consejero madrileño también ha atacado la vigente Ley de Vivienda estatal, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, tildándola de “intervencionista, populista y fracasada”. A pesar de que la normativa está siendo revisada por el Tribunal Constitucional, Rodrigo aseguró que la Comunidad de Madrid “cumple la ley, aunque no implementa ciertas medidas que no son obligatorias”.

Una de esas medidas no implementadas es la declaración de zonas tensionadas, un mecanismo que permite a las comunidades autónomas limitar el precio del alquiler en áreas específicas. Rodrigo justificó esta decisión al señalar que los datos indican que este modelo “no funciona”, citando ejemplos como Barcelona, París, Berlín y San Francisco, donde, según él, las restricciones han disminuido la oferta y han provocado aumentos en los precios.

“El problema de la vivienda no se ha resuelto y el Gobierno no ha puesto ni un solo ladrillo”, denunció Rodrigo, en alusión a lo que considera una inacción en la promoción pública de vivienda por parte del Gobierno central.

La Comunidad de Madrid mantendrá su postura

En este marco, el Gobierno regional insiste en que no aplicará las limitaciones al alquiler, como sí realizan otras comunidades autónomas. Reitera que prefiere concentrar sus esfuerzos en promover vivienda pública, agilizar la construcción y proteger la propiedad privada.

Rodrigo concluyó que “la solución no radica en intervenir precios ni premiar la ocupación”, sino en adoptar medidas legislativas efectivas que permitan restablecer el orden y la legalidad en el mercado inmobiliario. Mientras tanto, la propuesta del PP para regular la okupación sigue paralizada en el Congreso, a la espera de ser debatida.