Se da a conocer el plan «Motosierra» para suprimir más de 200 leyes y simplificar la regulación en España.

El Instituto Juan de Mariana, junto a la Universidad CEU San Pablo, ha lanzado el proyecto “Desenredar España”, una propuesta que busca derogar o reformar más de 200 regulaciones implementadas durante la administración de Pedro Sánchez con la finalidad de eliminar lo que sus promotores consideran una carga regulatoria excesiva.

La iniciativa, descrita simbólicamente como la “motosierra regulatoria que España requiere”, se basa en la idea de que el país enfrenta un “grave problema de sobreregulación” que estaría limitando el crecimiento económico, la actividad empresarial y la competitividad.

El estudio ha sido realizado por un equipo de más de quince expertos, respaldados por herramientas de inteligencia artificial, que han realizado una auditoría exhaustiva de todas las leyes aprobadas durante la actual etapa gubernamental.

Cuatro niveles de actuación normativa

El informe organiza su propuesta en cuatro bloques de intervención, creados según la facilidad y el alcance de las posibles derogaciones o modificaciones.

En primer lugar, el documento señala regulaciones que podrían eliminarse desde el primer día de una nueva legislatura, considerando que su eliminación no generaría conflictos jurídicos significativos ni compromisos internacionales.

El segundo nivel abarca disposiciones que, de acuerdo con los autores, podrían ser retiradas mediante ajustes relacionados con los compromisos con la Unión Europea, ajustando hitos o condiciones previamente pactadas.

El tercer bloque se enfoca en reglamentos de origen europeo que, según el informe, habrían sido ampliados o endurecidos por el legislador nacional, introduciendo cargas adicionales que no serían estrictamente obligatorias desde Bruselas.

Finalmente, el proyecto menciona un grupo de leyes que no deberían eliminarse del todo, pero sí necesitarían reformas profundas para mitigar su impacto regulatorio.

Un diagnóstico de “asfixia regulatoria”

Los promotores de la iniciativa argumentan que la acumulación de normativas en los últimos años ha dado lugar a una “asfixia regulatoria” que afecta a sectores productivos, inversores y autónomos. Según el análisis presentado, la magnitud y complejidad de las regulaciones han incrementado los costes administrativos y disminuido los incentivos a la inversión.

El objetivo declarado de la propuesta es simplificar el marco legal, eliminar duplicidades y reducir obstáculos administrativos, con la meta de mejorar el entorno económico y estimular el crecimiento.

Inteligencia artificial para revisar el marco legal

Uno de los aspectos destacados del proyecto es la utilización de herramientas de inteligencia artificial para analizar el volumen normativo aprobado durante el periodo en cuestión. Esta tecnología ha permitido clasificar, comparar y evaluar el impacto potencial de cada regulación en el marco regulatorio.

Los autores del informe creen que este enfoque permite identificar con mayor precisión qué normas suponen una mayor carga administrativa o económica, facilitando la priorización de las reformas necesarias.

Una propuesta con vocación de aplicación política

A pesar de que el documento tiene un carácter técnico, sus promotores presentan el proyecto como una hoja de ruta para futuras mayorías parlamentarias que deseen abordar un proceso amplio de desregulación.

La iniciativa se inserta en el creciente debate sobre el equilibrio entre regulación y actividad económica, en un contexto donde diversas organizaciones empresariales y centros de análisis han advertido sobre el incremento del volumen normativo en España en los últimos años.