La Fiscalía de Castellón se aparta en favor de la de Madrid respecto a las oposiciones de Justicia.

Luego de la denuncia presentada por Intersindical Justicia ante la Fiscalía de Castellón, la cual busca poner de manifiesto el considerable retraso del Ministerio de Justicia en la resolución de hasta 10 procesos selectivos que datan de convocatorias de oposiciones de 2022, el Ministerio Público de Castellón comunicó hace un mes que aceptaba la denuncia e iniciaba diligencias de investigación preprocesales.

Sin embargo, según han confirmado representantes del sindicato demandante, la Fiscalía de Castellón ha informado a Intersindical que se inhibe en este procedimiento, que inicialmente debe investigar al Ministerio de Justicia ante la Fiscalía de Madrid, dado que los afectados suman aproximadamente 15.000 personas, según lo señalado este miércoles por el sindicato CCOO, quienes se encuentran distribuidos por toda España.

En un comunicado enviado por la Fiscalía de Castellón a Intersindical la semana pasada, se destaca que «La competencia territorial corresponde a la sección de Instrucción del Tribunal de Instancia del lugar en que debió dictarse la resolución administrativa». Así, este aviso también señala que, dado que el Ministerio de Justicia con sede en Madrid es competente para dictar las resoluciones de los procesos selectivos para los cuerpos generales de la Administración de Justicia, la jurisdicción corresponde a la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Madrid.

De este modo, la Fiscalía de Castellón justifica que ningún órgano judicial de su jurisdicción es competente para conocer los hechos denunciados o lo que constituyan objeto de la investigación, por lo que remite las actuaciones a la fiscalía que se considere legitimada para actuar ante el órgano judicial que se considere competente.

Así, la Fiscalía Provincial de Castellón ha decidido no incoar diligencias de investigación sobre el asunto denunciado y ha abierto un expediente gubernativo mediante decreto motivado donde se acuerda su inhibición en favor de la Fiscalía Provincial de Madrid.

Desde Intersindical se espera que la Fiscalía de Madrid inicie las diligencias de investigación pertinentes para examinar el significativo retraso del Ministerio de Justicia en la resolución de hasta una decena de procesos selectivos pendientes desde convocatorias de 2022. «No se trata solo de retrasos; estamos ante una posible prevaricación por omisión. Es inaceptable que el Ministerio mantenga esta situación límite que afecta a interinos, titulares y aspirantes por igual», enfatizan desde Intersindical Castellón, un sindicato independiente que se compromete a llegar hasta el final para que se asuman responsabilidades.

De hecho, la denuncia que Intersindical Justicia Castellón presentó ante la Fiscalía ha tenido tanto impacto que otros sindicatos se han unido a la reclamación llevándola al conocimiento del Defensor del Pueblo. En respuesta a esta presión sindical, el Ministerio de Justicia ha empezado a dar los primeros pasos para desbloquear los procesos selectivos más antiguos. «Ya se están anunciando las primeras tomas de posesión».

Tras una concentración organizada a mediados de este mes por algunas fuerzas sindicales del ámbito judicial, los sindicatos representados en la Administración de Justicia de la Comunidad Valenciana, STAJ, CSIF, Intersindical Justicia, CCOO y UGT, han decidido unir esfuerzos para realizar el 26 de febrero otra concentración a las puertas de la Ciudad de la Justicia de Valencia. Los representantes de estos sindicatos tienen como objetivo denunciar públicamente la grave situación que enfrenta la administración de justicia en la Comunidad Valenciana.

Específicamente, los sindicatos expondrán en esta concentración, a la que han convocado a los medios de comunicación, las problemáticas que actualmente afectan a los órganos judiciales, poniendo especial énfasis en el impacto directo que estas deficiencias están generando en la ciudadanía y en el progresivo deterioro de la calidad del servicio público de justicia, proporcionando así una radiografía clara y documentada de la situación, además de explicar las consecuencias reales que estas deficiencias están produciendo tanto para los profesionales como para los ciudadanos de la Comunidad Valenciana.

Los sindicatos especifican las incertidumbres organizativas y el atropello que sufren los funcionarios en la implementación de los Tribunales de Instancia, así como las irregularidades que ocurren en la gestión y organización del servicio. Además, mencionan el recorte de personal y el abandono de los órganos judiciales que enfrentan insuficiencia de recursos materiales y tecnológicos. «La falta de personal y la sobrecarga estructural de trabajo repercuten en la dilación en la tramitación de los procedimientos», destacan los sindicatos, concluyendo con el fracaso en la implementación del nuevo sistema de gestión procesal Just@.