Treinta y tres detenidos liberados en la operación antidroga en el barrio de Latina (Madrid)

Treinta y tres detenidos liberados en la operación antidroga en el barrio de Latina (Madrid)

En una importante operación antidroga, llevada a cabo en el barrio de Latina, en la ciudad de Madrid, la autoridad judicial ha ordenado la liberación de 33 detenidos, después de que la investigación no encontrara pruebas suficientes para sostener los cargos en su contra. La operación, que se realizó en colaboración con las fuerzas de seguridad del Estado, tenía como objetivo desarticular una red de tráfico de drogas que presuntamente operaba en la zona. Aunque la mayoría de los detenidos han sido puestos en libertad, la investigación continúa para determinar la responsabilidad de otros implicados en el caso.

Operación antidroga en Latina: detenidos liberados y un llamado a la colaboración comunitaria

El Juzgado de Instrucción número 37 de Madrid ha decretado la libertad provisional para los 33 detenidos el pasado viernes, 13 de septiembre, en una gran operación contra la venta de droga en narcopisos del distrito madrileño de Latina que movilizó a alrededor de 300 agentes de la Policía Nacional.

Concretamente, quedan libres a espera de juicio con medidas cautelares: orden de alejamiento de 700 metros respecto a los inmuebles intervenidos, obligación a firmar en sede judicial cada 7 días y retirada del pasaporte al prohibirles la salida del territorio nacional.

La operación contra la venta de droga en el barrio de Lucero

La operación, que dio comienzo desde las 7 de la mañana del viernes, afectó a un importante foco de venta y consumo de sustancias estupefacientes en la calle Cullera, en el barrio de Lucero, que desde hace meses ha generado una importante alarma social, culminando con la muerte el lunes anterior de un toxicómano de 55 años de edad por un fallo cardiaco a las puertas de uno de estos establecimientos.

Un total de 288 agentes de la Policía Nacional en coches y motos, además de a caballo y con perros, han lanzado esta gran intervención entre los números 14 y 16 de esta calle del madrileño distrito de Latina. Finalmente se procedió a detener a 33 personas y a intervenir diversas cantidades de diversas sustancias estupefacientes.

El Colegio de Criminología presenta propuestas ante la inseguridad en la calle Cullera

Debido a la creciente alarma social generada por los ‘narcopisos’ situados en la calle Cullera, en el madrileño barrio de Lucero (distrito de Latina), y «el riesgo de que esta zona se convierta en un lugar con mayor inseguridad real y percibida», el Colegio Profesional de la Criminología de la Comunidad de Madrid (CPCM), a través de su Grupo de trabajo de Criminología aplicada a la Función policial, ha desarrollado recientemente un análisis detallado y una serie de propuestas para abordar la problemática actual.

El análisis previo realizado por los criminólogos ha identificado varios factores clave, como el contexto social y urbano. Lucero es un barrio de clase trabajadora con edificios residenciales antiguos y falta de inversión en mantenimiento y seguridad, lo que ha facilitado la aparición de ‘narcopisos’.

Los datos policiales indican un aumento de delitos relacionados con drogas y actividades delictivas asociadas, como robos y vandalismo. Y encuestas locales muestran que los residentes tienen una percepción baja de seguridad, especialmente en torno a los edificios identificados como ‘narcopisos’.

Propuestas de solución del Colegio de Criminología

Ante esta problemática, el Colegio de Criminología de Madrid ha desarrollado una serie de recomendaciones basadas en teorías criminológicas y experiencias similares en otros países:

Involucrar a los propietarios: Realizar talleres de formación y aplicar sanciones a los propietarios que no cooperen con las autoridades para eliminar el tráfico de drogas.

Medidas comunitarias: Lanzar campañas informativas, fomentar la creación de comités vecinales y organizar marchas antinarcóticos.

Acciones policiales y legales: Establecer zonas de aparcamiento exclusivo para residentes, reorganizar el tráfico, aumentar la presencia policial e instalar cámaras de vigilancia.

Medidas jurídicas: Implementar programas que permitan a los residentes demandar a los propietarios por daños y utilizar la legislación para confiscar propiedades usadas para actividades delictivas.

Intervenciones físicas y de infraestructura: Mejorar la iluminación y el control de acceso en los edificios, rediseñar y mantener los espacios comunes, e instalar cámaras en zonas estratégicas.

Colaboración con instituciones financieras: Informar a los bancos sobre las propiedades afectadas y aplicar sanciones económicas a propietarios inactivos.

Refuerzo de normativas y código urbano: Asegurar el cumplimiento de normativas de construcción y seguridad, y realizar inspecciones periódicas.

Programas de recuperación y tratamiento: Implementar programas de tratamiento y rehabilitación para usuarios de drogas.

Involucrar a las administraciones: Informar y exigir actuación conjunta y coordinada de todas las administraciones implicadas.

Los criminólogos madrileños señalan que estas medidas, combinadas de manera estratégica y adaptadas a las condiciones específicas del barrio de Lucero, pueden ayudar a reducir y eventualmente eliminar el problema de los narcopisos.

Estas estrategias «se deben basar en estudios de investigación criminológica y de informes policiales que subrayan la importancia de adaptar las respuestas a las circunstancias específicas de este espacio y de involucrar a todos los actores relevantes en la solución del problema (vecinos, asociaciones culturales del barrio, decisores políticos -Ayuntamiento y Delegación del Gobierno, policía -Nacional y Municipal-, juzgados)».

Las respuestas efectivas «suelen implicar la implementación de múltiples estrategias de manera simultánea, y no deben limitarse a acciones policiales, sino que deben incluir la colaboración de toda la comunidad», concluyen desde Grupo de trabajo de Criminología aplicada a la Función policial del CPCM, que han hecho llegar el informe a la Junta del Distrito de Latina y al resto de las instituciones públicas para que actúen.