Un juzgado en Madrid ha iniciado una investigación sobre Begoña Gómez, esposa del presidente Sánchez, por presuntos casos de tráfico de influencias y corrupción en negocios. Esta noticia ha generado gran controversia en la opinión pública, ya que implica a una figura cercana al máximo mandatario del país. Las acusaciones apuntan a posibles irregularidades en las relaciones comerciales de Gómez, que podrían haberse beneficiado de su posición para obtener ventajas indebidas. El juzgado encargado de este caso se encuentra en pleno proceso de recopilación de pruebas y testimonios para esclarecer los hechos y determinar si existen responsabilidades legales. La sociedad espera con expectación el desenlace de esta investigación que pone en entredicho la integridad de una figura pública de relevancia.
Investigan a Begoña Gómez por tráfico de influencias y corrupción en negocios, Esposa de Sánchez bajo investigación por supuestos vínculos con empresas públicas
El Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha incoado diligencias de investigación por la presunta comisión de los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios contra Begoña Gómez, mujer del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La apertura de diligencias se produce tras recibir el juzgado una denuncia del sindicato Manos Limpias. Según ha adelantado El Confidencial, se investigan los vínculos de la esposa de Sánchez con varias empresas privadas que recibieron fondos y contratos públicos del Ejecutivo de su marido.
En concreto, se investiga una reunión de Gómez con el consejero delegado de Globalia, Javier Hidalgo, dueño de Air Europa, en las mismas fechas en que esta compañía negociaba un rescate con el Gobierno de Sánchez en plena pandemia. El Consejo de Ministros aprobó 475 millones de euros para rescatar la aerolínea de Globalia, una decisión de la que participó el propio presidente. La querella también solicita la citación como investigada de Begoña Gómez y recabar las cartas de recomendación hacia una UTE de empresas privadas que obtuvo 10,2 millones de dinero público.
El principal accionista de esta UTE, el empresario Carlos Barrabés, había participado previamente en el diseño del máster que dirige Begoña Gómez en la Universidad Complutense, y se hizo con el concurso frente a una veintena de empresas. La denuncia solicita diligencias adicionales, entre ellas la comparecencia de testigos, basándose en los artículos 429 y 286 bis del Código Penal, que regulan el tráfico de influencias y el delito de corrupción privada.
El artículo 429 del Código Penal persigue a los particulares que influyan en funcionarios públicos o autoridades para obtener un beneficio. Por su parte, el artículo 286 bis castiga a quien conceda beneficios no justificados para favorecerse en relaciones comerciales. La investigación continúa su curso en el marco de la Justicia, manteniendo la autonomía, independencia y separación de poderes en el proceso.
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