El Tribunal Supremo comunica a la Fiscalía Europea que no hay evidencia de que las obras que investiga a Ábalos hayan afectado fondos de la UE | España

El magistrado del Tribunal Supremo Leopoldo Puente ha comunicado a la Fiscalía Europea que, hasta la fecha, no hay indicios de que las obras públicas que están siendo investigadas, y que involucran a José Luis Ábalos, Koldo García y Santos Cerdán, hayan perjudicado fondos de la UE. En una providencia, a la que ha accedido EL PAÍS, el juez señala que, “evidentemente, no puede descartarse” esa posibilidad, lo que permitiría al órgano comunitario asumir la investigación.

La decisión del juez Puente, que se extiende a lo largo de ocho folios, responde a la solicitud de la Fiscalía Europea para verificar si las obras en cuestión coinciden con aquellas mencionadas en una denuncia presentada ante dicho organismo por la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude. El magistrado sostiene que, hasta ahora, no se ha evidenciado que alguna de las once obras en investigación haya comprometido fondos de la Unión Europea, aunque aclara que, incluso si así fuera, su pesquisa se centra en la presunta existencia de “organizaciones criminales” compuestas por autoridades, funcionarios públicos y particulares que, “a través de posibles delitos de cohecho”, buscan la adjudicación de ciertas obras públicas, “sin tener en cuenta los fondos que pudieran ser utilizados en ellas (lo que, a juicio del instructor, sería un aspecto meramente accidental), sin que haya pruebas, al menos en este momento, de perjuicio cierto para los fondos europeos, ni de otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.

Puente informa a la Fiscalía Europea que, hace unas semanas, decidió dividir la causa que investiga supuestos amaños en contratos durante la gestión de Ábalos en el Ministerio de Transportes. El juez separó la pieza inicial que aborda los contratos de compra de mascarillas, que originaron el caso, mientras que abrió una nueva investigación para estudiar las adjudicaciones presuntamente irregulares de obras públicas, donde están implicados el exministro José Luis Ábalos, su exasesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán y seis empresarios, entre ellos Víctor de Aldama.

El juez detalla que en esta pieza “se ha identificado la posible existencia de una organización criminal que busca obtener la adjudicación indebida de obras públicas, beneficiándose las empresas favorecidas con los rendimientos económicos resultantes y, a cambio, compensando a determinadas autoridades o funcionarios públicos con un premio económico indebido, utilizando estos, a su vez, su influencia mal utilizada sobre los organismos o entidades responsables de la adjudicación de dichas obras”.

En su escrito, el instructor especifica las obras sospechosas y explica que se están analizando los procesos de contratación, adjudicación y ejecución, distinguiendo las que corresponden a ADIF de aquellas de la Dirección General de Carreteras. Tras haber recibido los expedientes completos de las obras, el juez recuerda que el 23 de septiembre se solicitó un informe a la Intervención General del Estado, que aún está pendiente de presentación.

No obstante, el magistrado enfatiza que no está “indiciariamente justificado, al menos hasta este momento” que haya habido un “perjuicio cierto para fondos europeos, ni la existencia de ningún otro elemento, subjetivo u objetivo, de naturaleza trasfronteriza”.