El Kremlin califica a Deutsche Welle como «organización no grata» y advierte sobre sanciones a cualquier relación con el medio | Internacional

El Ministerio de Justicia de Rusia ha clasificado a la televisión pública alemana Deutsche Welle como una “organización indeseable”. Esta designación conlleva penas de hasta seis años de prisión para aquellos que trabajen en el canal, así como multas y hasta el encarcelamiento para los espectadores que compartan o den «me gusta» a alguna de sus noticias. El organismo ruso no ha proporcionado razones específicas para la prohibición de este medio de comunicación federal alemán. “Este último intento de silenciar a los medios libres resalta el evidente desprecio del régimen ruso hacia la libertad de prensa y revela su temor a la información independiente”, ha declarado la directora general de Deutsche Welle, Barbara Massing, antes de que se confirmara el veto en Rusia.

“A pesar de la censura y del bloqueo, el servicio en ruso de Deutsche Welle ha aumentado su número de usuarios”, asegura Massing en un comunicado. “Seguiremos ofreciendo nuestra cobertura periodística independiente sobre la agresión en Ucrania y otros temas donde la información es casi inaccesible en Rusia, para que la gente pueda formarse su propia opinión”, añade la directora general del medio alemán.

Esta prohibición es el punto culminante de la persecución del Kremlin contra Deutsche Welle, aunque las presiones sobre los medios occidentales comenzaron previamente. En 2021, Moscú expulsó al periodista neerlandés Tom Vennink de Volkskrant y a la británica Sarah Rainsford de la BBC. Al inicio de la invasión a Ucrania en 2022, Berlín prohibió la emisión del canal Kremlin Russia Today en alemán, y Moscú respondió designando al medio alemán como agente extranjero. Esto no constituía un veto, pero sí restringía su trabajo al punto de hacerlo prácticamente imposible, tanto para informar a los rusos como al resto del mundo. Finalmente, Deutsche Welle cerró su corresponsalía, pero el Kremlin clasificó a su periodista en Rusia, Alexánder Smirnov, como agente extranjero de manera individual. Hoy, tras diversas reformas legales, esa categoría también puede conllevar la encarcelación por no identificarse como tal en las redes sociales.

Deutsche Welle decidió dejar de tener colaboradores en Rusia en 2024, año en que el Kremlin aumentó su presión sobre los medios europeos con la expulsión de varios corresponsales y el bloqueo del acceso a las páginas web de 81 periódicos y agencias de noticias, incluido este diario. Sin el uso de una VPN, siguen siendo inaccesibles hoy, así como las llamadas por WhatsApp y Signal, o YouTube, un servicio que ha sido ralentizado al extremo y que el Parlamento ruso ha declarado que bloqueará por completo en un plazo de seis meses.

El Kremlin introdujo su ley sobre “organizaciones indeseables” hace aproximadamente una década, en 2015, para reprimir toda voz crítica. Con esta medida han sido prohibidas 280 instituciones, incluidas organizaciones internacionales como Human Rights Watch, Amnistía Internacional y Greenpeace; medios independientes rusos como Nóvaya Gazeta y Meduza; el diario noruego The Barents Observer; y otros proyectos informativos europeos, como el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP) y Reporteros Sin Fronteras.

Incluso la mera mención de una organización de la lista en redes sociales conlleva multas que oscilan entre 5.000 y 15.000 rublos (aproximadamente entre 53 y 160 euros), aunque la reincidencia o contar con otros antecedentes puede justificar la apertura de un caso penal contra el supuesto infractor.

Según el presidente de la Comisión sobre la Interferencia Extranjera de la Duma Estatal, Vasili Piskariov, Deutsche Welle “realiza propaganda antirrusa” y “forma a especialistas en desinformación a través de su academia de medios». Precisamente, el Parlamento ruso aprobó una ley en marzo de 2022 que castiga con cárcel “la desacreditación de las fuerzas armadas rusas”. Esto significa que difundir cualquier información sobre presuntos crímenes de guerra rusos durante la “operación militar especial” contra Ucrania, el nombre oficial que la legislación se niega a llamar “invasión” o “guerra”, está penalizado.