El Gobierno ha presentado una propuesta que ha acaparado la atención de la opinión pública y los sectores laborales, al proponer anticipar la jubilación de los trabajadores que desempeñan actividades con altas secuelas y mortalidad. Esta medida, que busca proteger la salud y bienestar de estos empleados, ha generado debate en torno a la necesidad de reconocer el sacrificio y riesgo al que se enfrentan diariamente. La iniciativa gubernamental plantea un cambio significativo en las políticas de jubilación, considerando la importancia de garantizar una vejez digna para aquellos que han dedicado su vida laboral a actividades de alto impacto en su salud. Sin duda, esta propuesta marca un hito en el ámbito legislativo y social, abriendo la puerta a nuevas reflexiones sobre el cuidado y protección de los trabajadores más vulnerables.
Gobierno evalúa adelantar jubilación para trabajadores con alta mortalidad laboral
El Gobierno está analizando la posibilidad de permitir que los trabajadores que desempeñan labores con elevados índices de fatalidad laboral, que dejan secuelas en su salud e incluso acortan su esperanza de vida, puedan acceder a la jubilación anticipada sin que se vea afectada su pensión.
Para ello, se estaría elaborando un procedimiento que contemplaría una serie de indicadores, como el número de accidentes laborales o fallecimientos en sectores específicos, con el fin de reducir la edad de jubilación de estos trabajadores hasta en 10 años.
La solicitud de esta retirada anticipada sería realizada por los sindicatos, y el Gobierno tendría un plazo de 6 meses para evaluar cada caso y determinar si se cumplen los requisitos para concederla.
Sin embargo, para no poner en riesgo el sistema de pensiones, se requeriría una cotización adicional que sería asumida por los empleadores en el caso de trabajadores por cuenta ajena, o por los propios trabajadores autónomos.
Por el momento, esta medida se encuentra en fase de borrador, siendo elaborada por el Ministerio de Seguridad Social, con la intención de presentarla a los sindicatos y la patronal para su evaluación.
El economista Eduardo Bolinches ha expresado su preocupación al respecto, cuestionando el momento en que se plantea esta propuesta, especialmente ante la llegada de una gran cantidad de jubilados. Según Bolinches, esta medida podría resultar en que los trabajadores no considerados en riesgo se vean obligados a prolongar su vida laboral hasta los 70 años.
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