Mario Conde solicita a Pedro Sánchez que respete los procedimientos institucionales tras el juicio oral al fiscal general.

El exbanquero Mario Conde ha hecho declaraciones en las que evalúa la controversia relacionada con el Fiscal General del Estado y la postura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Conde destaca que “todos los ciudadanos, ya sea que ocupen o no un cargo público, tienen derecho a la presunción de inocencia”, incluso en situaciones donde ya se ha decretado la apertura de juicio oral.

De acuerdo con el exdirigente financiero, este principio constitucional permanece intacto hasta que exista una sentencia firme. “Solo una sentencia judicial firme puede derribar la presunción de inocencia. Ni siquiera en los casos de prisión provisional”, subrayó.

Crítica a la actitud del presidente

No obstante, Mario Conde establece una distinción entre la situación de un ciudadano común y la de un jefe del Ejecutivo. En su opinión, el presidente no puede mostrarse ajeno ante las decisiones de órganos judiciales de alto nivel, como el Tribunal Supremo.

“Cuando el Poder Judicial toma una decisión de esa magnitud, el presidente del Gobierno debe tenerlo en cuenta en términos formales, aunque no en términos materiales”, indicó. Conde añadió que esta exigencia también se aplica a otras figuras institucionales, incluido el rey de España, ya que de no hacerlo “se proyecta una imagen de indiferencia hacia lo que sucede en el ámbito judicial”.

Las formas como esencia

El exbanquero reiteró que el manejo de la forma tiene un valor fundamental en política. “Es esencial cuidar la forma, porque hay momentos en la vida en que la forma se torna en esencia”, reflexionó.

Para enfatizar su mensaje, Mario Conde apeló a una reflexión estética: “Dicen algunos que el arte es el dominio de la materia a través de la forma, guiado por un sentimiento interno que proviene del alma. Así, cualquiera en el poder público debe comprender que las formas generan confianza o desconfianza en la sustancia”.

Conde finalizó señalando que la reacción del presidente del Gobierno frente a los procesos judiciales no debe limitarse a una “posición de total indiferencia”, ya que esto socava la credibilidad institucional.