En una decisión judicial que ha generado gran repercusión, el juez encargado del caso mascarillas ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos involucrados en el mismo. Esta medida, tomada tras las investigaciones pertinentes, representa un punto de inflexión en este controvertido asunto que ha mantenido en vilo a la opinión pública. La decisión del juez de permitir la libertad condicional de los implicados, a la vez que les prohíbe salir del país al retirarles el pasaporte, plantea nuevas incógnitas sobre el desenlace final de este caso que ha captado la atención de la sociedad.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha tomado la decisión de liberar a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no solicitó la prisión de ninguno de los detenidos, por lo que el juez ha optado por dejarlos en libertad con medidas restrictivas.
Por su parte, la Guardia Civil detuvo a un asesor de Ábalos por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas. Estos arrestos se enmarcan en una investigación por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, que involucra a un total de 20 personas. La suma de los contratos bajo escrutinio supera los 50 millones de euros, destinados a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La operación, llevada a cabo por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil en diversas provincias, incluyó registros domiciliarios que se prolongaron hasta altas horas de la madrugada. Se desveló que algunos de los registros encontraron cajas fuertes vacías, lo cual incrementa las sospechas de irregularidades.
Asimismo, se ha revelado que Rafael Pérez, del Ministerio del Interior, firmó la asignación de material de protección por valor de varios millones de euros. La trama de corrupción en torno a estas compras de emergencia durante la pandemia ha generado fuertes críticas políticas, con la exigencia de explicaciones por parte del Partido Popular y la promesa de colaboración por parte del Gobierno.
La investigación continúa su curso, con la posibilidad latente de nuevas detenciones en el marco de esta causa que permanece bajo secreto judicial. Esta trama de corrupción, que afecta a contratos vitales para la contención de la pandemia, ha puesto en entredicho la transparencia en la gestión de recursos públicos en un momento crítico para la salud pública.
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