En una decisión sorpresiva, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos relacionados con el caso mascarillas. Esta medida cautelar ha generado gran controversia en el ámbito judicial y político, ya que los implicados se encontraban en un proceso de investigación por presuntas irregularidades en la compra de material sanitario durante la pandemia. La liberación de García y los demás detenidos ha reavivado el debate sobre la transparencia y la legalidad en la gestión de recursos públicos, poniendo de manifiesto la complejidad de este caso que ha captado la atención de la opinión pública. A partir de ahora, será crucial seguir de cerca el desarrollo de este proceso judicial para conocer las implicaciones y consecuencias de esta decisión inesperada.
El magistrado de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha decidido liberar a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe, quienes estaban detenidos por presuntas irregularidades en la compra de mascarillas durante la pandemia. La Fiscalía no solicitó prisión para ninguno de los implicados. A pesar de ello, el juez les ha retirado el pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, imponiéndoles la obligación de presentarse ante el juzgado cada quince días.
Por otro lado, la Guardia Civil detuvo a un asesor de Ábalos por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas destinadas a diversos organismos públicos, como los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias. Cabe destacar que estas detenciones forman parte de una investigación por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a un total de 20 personas.
La investigación, llevada a cabo por la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha resultado en un total de 14 detenidos y alrededor de 26 registros domiciliarios. Se estima que el monto de los contratos fraudulentos supera los 50 millones de euros, afectando a contratos destinados a material de protección para el personal de los ministerios mencionados.
En este contexto, el Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas y el Gobierno se ha comprometido a colaborar con las investigaciones. La trama de corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia parece salpicar a diversos organismos gubernamentales, y se espera que la operación siga activa con posibles nuevas detenciones en el futuro cercano.
Deja una respuesta