- Ayuso califica la Ley de Amnistía como la más corrupta de la democracia
- El Consejo de Gobierno acuerda la interposición del recurso
- La amnistía, una violación de los pilares fundamentales de la Constitución
- El presidente del Gobierno, responsable directamente
- La amnistía, una vergüenza para cualquier Estado de Derecho
- La amnistía, una trampa para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
- La Abogacía del Gobierno regional denuncia la Ley de Amnistía
Ayuso califica la Ley de Amnistía como la más corrupta de la democracia
La Comunidad de Madrid recurrirá la Ley de Amnistía en su totalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) en defensa de la igualdad de todos los españoles, la seguridad jurídica y la división de poderes. Así lo ha señalado la presidenta del Ejecutivo autonómico, Isabel Díaz Ayuso, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado hoy en Torrejón de Ardoz.
La presidenta ha calificado la norma como «la más corrupta de la democracia», y ha añadido que «Es una infamia».
El Consejo de Gobierno acuerda la interposición del recurso
El Consejo de Gobierno ha acordado la interposición del recurso ante el TC tras la entrada en vigor ayer con la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Ya hace unas semanas, la Comunidad de Madrid solicitó un informe a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid, tras la aprobación de la ley en el Congreso de los Diputados, y los servicios jurídicos han emitido un dictamen que avala la interposición del recurso de inconstitucionalidad contra esta norma.
La amnistía, una violación de los pilares fundamentales de la Constitución
Para la presidenta, la amnistía supone «una violación de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la Constitución, el de la seguridad jurídica, el de la separación de poderes y también el de igualdad de todos los españoles ante la ley». Se trata de una norma «redactada al dictado de quienes promovieron una de las rupturas más graves de la convivencia democrática» y que, «por supuesto, no finaliza nada, sino que le abre la puerta a todo lo que viene a continuación».
El presidente del Gobierno, responsable directamente
Según Díaz Ayuso, de todo esto «es responsable directamente el presidente del Gobierno porque el siguiente paso será el referéndum, el desamparo de los españoles, la ruptura de la convivencia otra vez y a peor». «Sobre todo, pretende llevar a votar lo que es totalmente ilegal votar, es decir, una trampa tras otra, una mentira tras otra», ha destacado.
La amnistía, una vergüenza para cualquier Estado de Derecho
Díaz Ayuso ha continuado señalando que «la amnistía es una vergüenza para cualquier Estado de Derecho, que hace difícilmente reparable tanto daño al buen nombre de España dentro y fuera. Deja débil a España, la deja bajo sospecha y también la deja inerme ante los que quieren destruir a la nación».
La amnistía, una trampa para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
La presidenta ha denunciado que quedan «desamparados» los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. «Deja prevaricadores a nuestros funcionarios, a nuestros diputados, senadores, cuestionando al Rey y todo sobre una inmensa mentira. Frente al escándalo de la amnistía, la Comunidad de Madrid no va a quedarse de brazos cruzados y, por eso, actuamos con la Constitución en la mano», ha remarcado.
La Abogacía del Gobierno regional denuncia la Ley de Amnistía
En su argumentación, la Abogacía del Gobierno regional denuncia que la Ley de Amnistía afecta a los pilares básicos sobre los que se asienta nuestra Carta Magna. Defiende que nuestro Estado de derecho no puede funcionar correctamente si las Administraciones regionales no operan bajo las mismas reglas constitucionales.
La Comunidad de Madrid considera que no se puede admitir una ley que crea un estatuto privilegiado para los dirigentes de una comunidad autónoma, amparando conductas contrarias a Derecho y rompiendo con la igualdad de todos los españoles ante la ley reflejado en el artículo 14 de la Constitución.
Además, considera que supone una ruptura con la separación de poderes porque, a través de ella, el Legislativo invade las funciones del Judicial, único de los tres del Estado que tiene constitucionalmente atribuida la potestad de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.
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