El Congreso ha solicitado la destitución del ministro del Interior, Fernando Marlaska, tras la trágica muerte de dos guardias civiles en Barbate. Esta petición surge en medio de la controversia generada por las circunstancias en las que se produjo el fatal desenlace, que ha desencadenado un enérgico debate en el ámbito político y social del país. La exigencia de la destitución de Marlaska ha sido respaldada por varios sectores de la sociedad, quienes demandan responsabilidades claras y contundentes en este doloroso suceso. La presión sobre el Gobierno incrementa a medida que se revelan más detalles sobre lo ocurrido en Barbate, donde la indignación y el malestar se hacen cada vez más palpables.
El pleno del Congreso reprocha al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por su gestión y la muerte de dos guardias civiles en Barbate, Cádiz, quienes fueron arrollados por una narcolancha el pasado 9 de [mes no especificado]. La moción, promovida por el PP, logró la aprobación con el respaldo de diputados populares, de Vox y UPN, y la abstención de Podemos, Junts y Coalición Canaria, sumando 171 votos a favor, 165 en contra y 11 abstenciones.
Este hecho marca la segunda reprobación del ministro Marlaska en el Congreso, siendo la primera por su actuación en la tragedia de la valla de Melilla, donde fallecieron al menos 23 inmigrantes. A pesar de las críticas, el presidente Sánchez lo mantuvo en su cargo tras las elecciones del 23J.
Durante el debate de la moción, el PP calificó la gestión de Marlaska como nefasta y denunció que los guardias civiles fueron ejecutados salvajemente por narcotraficantes ante la falta de recursos. ERC y Bildu también expresaron su descontento, pero decidieron unirse al PSOE en el voto en contra de destituir al ministro.
Podemos, por su parte, optó por la abstención, señalando la necesidad de que Marlaska se aparte de su cargo. Coalición Canaria fue el único partido que se abstuvo de respaldar la moción, manteniendo la unidad en el bloque de la investidura.
En relación a otras propuestas legislativas, no prosperaron iniciativas como la impulsada por UPN para acabar con los homenajes a ETA, ni la propuesta de Vox para garantizar la independencia judicial, que planteaba el cese del fiscal general del Estado y reformar el sistema de elección de los vocales del CGPJ.
La noticia ha generado un intenso debate en el Congreso, reflejando la preocupación por la seguridad y la actuación gubernamental en situaciones críticas como la tragedia de Barbate.
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