En un nuevo desarrollo en el conflicto en torno a la Ley Trans, el Tribunal Constitucional ha decidido admitir a trámite el recurso interpuesto por el Defensor del Pueblo contra una modificación realizada por la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en la mencionada ley. Esta decisión abre la puerta a un nuevo capítulo en la polémica en torno a la legislación que busca proteger los derechos de las personas transgénero. El recurso del Defensor del Pueblo cuestiona la constitucionalidad de la modificación realizada por Ayuso, que según los críticos, restringe los derechos de las personas trans.
El Tribunal Constitucional admite a trámite recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Trans de la Comunidad de Madrid
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad interpuesto por el Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, contra un inciso del artículo 14.2, letra b), de la Ley 2/2016, de 29 de marzo, de identidad y expresión de género e igualdad social y no discriminación de la Comunidad de Madrid, conocida como Ley Trans, reformado por el artículo único, numeral doce, de la Ley 17/2023, de 27 de diciembre, por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
El Defensor del Pueblo alega que el citado precepto podría suponer una vulneración de los derechos de los menores transexuales, del principio al libre desarrollo de la personalidad, derivado del artículo 10.1 CE y del derecho fundamental a la intimidad personal y familiar, artículo 18.1 CE.
La controversia sobre la Ley Trans
El Defensor del Pueblo ha impugnado el inciso “para iniciar el tratamiento farmacológico será requisito necesario que previamente reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías”.
El Defensor del Pueblo considera que este inciso patologiza a los menores y vulnera sus derechos a la intimidad y al libre desarrollo de la personalidad. Además, entiende que concurren requisitos objetivos de inconstitucionalidad en relación con las obligaciones que la norma impone a los menores transexuales.
La reforma de la Ley Trans
La reforma introducida en el artículo 14 de la Ley de la Comunidad de Madrid 2/2016, por la Ley 17/2023, según se desprende de la exposición de motivos, obedece al objetivo de garantizar la protección de los menores transexuales. Sin embargo, el Defensor del Pueblo considera que excede su cometido, limitando los derechos de los menores de manera que, en un juicio de proporcionalidad, no supera el test de constitucionalidad.
El artículo 14 de la Ley modificada (2/2016, de 29 de marzo), denominado `Atención sanitaria a menores´, regula el derecho de los menores al tratamiento hormonal cruzado en el momento adecuado de la pubertad para obtener los caracteres sexuales deseados. Un tratamiento que, según establece dicho artículo, se realizará previo examen del pediatra y bajo la autorización de quienes posean la tutela de la persona menor de edad o por autorización del juez que los sustituya, siempre velando por la seguridad del menor.
El Defensor del Pueblo considera que esta previsión ya resultaba suficiente para preservar el interés superior del menor al tiempo que se le protege. Este es un equilibrio necesario para asegurar la participación decisiva del menor en la toma de decisiones respecto a su desarrollo personal y a su intimidad, al mismo tiempo que se le brindan las herramientas de apoyo y acompañamiento propias de su edad y madurez.
En cambio, el inciso incorporado en el apartado 2-b) del artículo 14, revela, en el juicio de proporcionalidad que precisa el análisis de la constitucionalidad, que -en un exceso de sobreprotección del menor- obliga en todo caso a los menores que deseen someterse a tratamiento farmacológico a recibir apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, y mantenerlo durante todo el proceso. Asimismo, la misma norma recurrida señala que, en el caso de que existiera comorbilidad -presencia de dos o más enfermedades al mismo tiempo en una persona- será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías. Ambos requisitos resultan, a juicio del Defensor del Pueblo, patologizantes y desproporcionados con respecto al bien que se quiere proteger.
Presumir que es bueno para todos los menores recibir el apoyo de profesionales de la salud-mental, así como exigir un informe favorable del médico que trate al menor en caso de padecer alguna enfermedad, lejos de protegerles les estigmatiza, y restringe el ejercicio del derecho a preservar su intimidad, su espacio de seguridad y libertad frente a terceros, y a desarrollarse de la manera deseada. Tal restricción, en opinión del Defensor del Pueblo, va más allá del margen de configuración que la Constitución le reconoce al legislador.
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