En una decisión que ha causado revuelo en el ámbito judicial, el juez ha retirado el pasaporte y ha otorgado la libertad provisional al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos en el marco del escándalo por el caso de mascarillas. Esta medida cautelar, que ha generado controversia en la opinión pública, se fundamenta en la necesidad de garantizar la continuidad del proceso judicial, a pesar de la gravedad de los delitos imputados. La defensa de los implicados ha celebrado esta resolución, mientras que sectores críticos han expresado su preocupación por la posibilidad de que los acusados puedan eludir la acción de la justicia. La decisión del juez marca un hito en este caso que ha mantenido en vilo a la sociedad y que promete seguir generando titulares en los próximos días.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a cargo de la investigación sobre presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas, ha decidido la liberación de Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para ninguno de los detenidos, quienes deberán comparecer quincenalmente ante el juzgado y tendrán retenido su pasaporte.
Los detenidos fueron puestos a disposición del juez por la Guardia Civil en el marco de una investigación que involucra presunta corrupción en la compra de mascarillas destinadas a diversos ministerios y comunidades autónomas. La operación, que ha llevado a la detención de 14 personas, entre ellas el exasesor de Ábalos, se centra en delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la UCO de la Guardia Civil, ha revelado contratos por un valor superior a 50 millones de euros, relacionados con la adquisición de material de protección en plena pandemia de Covid-19. Se han realizado registros domiciliarios en diversas provincias de España, extendiéndose hasta altas horas de la madrugada.
El Ministerio del Interior y el de Transportes se ven implicados en la trama de presuntas mordidas, con contratos millonarios adjudicados de manera cuestionable. La investigación continúa abierta y se esperan más acciones en las próximas horas. La Guardia Civil ha solicitado documentación a las entidades gubernamentales implicadas, mientras que el Gobierno promete colaborar con las autoridades competentes para esclarecer los hechos.
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