En una decisión que ha generado gran interés mediático, el juez ha optado por retirar el pasaporte y dejar en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos en el marco del caso mascarillas. Esta medida cautelar ha sido tomada tras las comparecencias de los implicados, quienes han sido objeto de una intensa investigación por presuntos delitos relacionados con la adquisición irregular de material sanitario durante la pandemia. La liberación de García y sus compañeros, aunque condicionada a la retirada de sus documentos de viaje, marca un nuevo capítulo en este controvertido caso que ha mantenido en vilo a la opinión pública.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha decidido poner en libertad a Koldo García, asesor del exministro José Luis Ábalos, así como a su hermano Joseba, al presidente del Zamora Víctor de Aldama y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado prisión para ninguno de los detenidos por presunta corrupción en la adquisición de mascarillas durante la pandemia. El juez ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte a García, De Aldama y Rotaetxe, además de obligarles a comparecer quincenalmente ante el juzgado.
La Guardia Civil detuvo a un asesor del exministro Ábalos por presunta corrupción en la compra de mascarillas, poniendo a disposición del magistrado a cuatro de los 14 detenidos por supuestas mordidas en contratos relacionados con la pandemia de Covid-19. Las investigaciones apuntan a contratos millonarios destinados a los ministerios de Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho. Se realizaron registros domiciliarios que se extendieron hasta altas horas de la madrugada y que revelaron contratos que superan los 50 millones de euros.
El Partido Popular ha exigido explicaciones sobre el caso de las mascarillas y el Gobierno ha prometido colaborar. Los contratos investigados fueron tramitados de forma negociada y de emergencia, involucrando a altos cargos como Rafael Pérez en el Ministerio del Interior. La Guardia Civil ha solicitado documentación al Ministerio de Transportes en el marco de la investigación.
La trama de mordidas en los contratos de emergencia de mascarillas durante la pandemia podría afectar a los gobiernos de Armengol y Torres. La operación sigue abierta y no se descarta la realización de más detenciones en las próximas horas.
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