En una decisión que ha generado controversia, el juez ha retirado el pasaporte y ha dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos por el caso mascarillas. Esta medida ha sido tomada tras las declaraciones de los implicados y las pruebas presentadas durante la investigación. La decisión del juez ha sido recibida con sorpresa y críticas por parte de la opinión pública, que sigue de cerca este caso que ha generado gran interés mediático. Las implicaciones políticas y legales de esta resolución serán analizadas detenidamente en los próximos días, mientras el exasesor y los demás detenidos recuperan su libertad provisional, aunque con la restricción de no poder abandonar el país al haberse retirado sus pasaportes.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a cargo de la investigación sobre presuntas irregularidades en la compra de mascarillas, ha decidido otorgar la libertad a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado la prisión preventiva para ninguno de los detenidos, quienes han sido puestos a disposición judicial por presunta corrupción en la adquisición de material sanitario durante la pandemia.
El juez ha impuesto medidas cautelares como la retirada de pasaportes a García, De Aldama y Rotaetxe, así como la obligación de presentarse quincenalmente en el juzgado. Los detenidos forman parte de un grupo de 14 personas investigadas por presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho relacionados con contratos de mascarillas destinadas a distintos organismos, incluidos los ministerios de Transportes e Interior y comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La Guardia Civil, encargada de las detenciones, también ha interrogado a altos funcionarios del Ministerio del Interior en relación con este caso. La investigación, liderada por la Audiencia Nacional con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas y a la realización de registros domiciliarios en varias provincias de España.
El monto de los contratos bajo escrutinio supera los 50 millones de euros, involucrando adjudicaciones de material de protección por parte del Ministerio del Interior a empresas como Soluciones de Gestión y Apoyo a la Empresa. La investigación continúa en curso, y se prevén más detenciones en el marco de este proceso que se mantiene bajo secreto judicial.
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