El juez ha decidido retirar el pasaporte y otorgar la libertad provisional al exasesor de José Luis Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos en el marco del caso mascarillas. Esta noticia ha generado un gran revuelo en la opinión pública, dado el impacto mediático que ha tenido este caso en los últimos meses. La decisión del juez de permitir la libertad de los implicados, aunque con restricciones como la retirada del pasaporte, ha abierto un nuevo capítulo en este controvertido asunto. Se espera que esta resolución genere aún más debate y especulaciones en torno a las investigaciones llevadas a cabo hasta el momento. La resonancia política de esta noticia es innegable, y sin duda seguirá siendo tema de conversación en los próximos días.
Juez retira pasaporte a exasesor de Ábalos y otros detenidos por presuntas mordidas en compra de mascarillas
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, que investiga las presuntas mordidas en la compra de mascarillas, ha acordado la puesta en libertad de Koldo García, el asesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe.
La Fiscalía no ha solicitado prisión para los detenidos por corrupción en la compra de mascarillas, quienes han sido dejados en libertad con medidas cautelares como la retirada del pasaporte y comparecencias quincenales ante el juzgado.
Guardia Civil detiene a asesor de Ábalos por corrupción en contratos de mascarillas
Los agentes de la Guardia Civil pusieron a disposición del juez a cuatro de los 14 detenidos por las supuestas mordidas en contratos de mascarillas destinadas a ministerios y comunidades autónomas (CCAA) durante la pandemia de Covid-19.
Investigan presuntas mordidas en contratos de mascarillas destinadas a ministerios y CCAA
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y en colaboración con la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, afectando a 20 personas en total.
El montante de los contratos investigados supera los 50 millones de euros, involucrando a ministerios como Transportes e Interior, así como a comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
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