El PSOE denuncia gestión «irregular» de fondos públicos estatales y europeos para plazas educativas para niños de 0 a 3 años por parte del Gobierno de

El PSOE denuncia gestión «irregular» de fondos públicos estatales y europeos para plazas educativas para niños de 0 a 3 años por parte del Gobierno de Ayuso

En un nuevo escándalo que salpica la gestión del Gobierno de Ayuso, el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) ha denunciado una gestión «irregular» de fondos públicos estatales y europeos destinados a la creación de plazas educativas para niños de 0 a 3 años. Según la formación política, el ejecutivo autonómico ha incurrido en una serie de irregularidades en la distribución de estos fondos, lo que ha generado una grave desigualdad en el acceso a la educación infantil en la región. Esta denuncia pone en entredicho la transparencia y la eficacia de la gestión del Gobierno de Ayuso, y supone un nuevo golpe a la credibilidad de la administración autonómica.

El PSOE denuncia irregularidad en gestión de fondos públicos para plazas educativas infantiles en Madrid

El PSOE de la Comunidad de Madrid ha denunciado la gestión irregular por parte de la Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid de los fondos públicos destinados a la creación de plazas públicas para niños de 0 a 3 años, un proyecto que cuenta con financiación del Gobierno central y de la Unión Europea.

Según el portavoz de Educación socialista en la Asamblea de Madrid, Esteban Alvarez, la Consejería ha delegado la responsabilidad de estas inversiones en los directores de los centros de educación infantil y primaria, a pesar de que esta tarea no forma parte de sus competencias.

Gestión irregular de fondos públicos

Desde 2021 hasta 2023, la Comunidad de Madrid ha recibido 53,6 millones de euros para este fin. Sin embargo, en lugar de invertir estos recursos a través de los canales correspondientes, como la Gerencia de Infraestructuras, la Consejería ha optado por una gestión irregular.

El PSOE de Madrid afirma que este proceder no solo es inapropiado, sino que también podría violar la legislación vigente, al delegar en los directores de centros la responsabilidad de acometer obras y adecuaciones de espacios que no forman parte de su ámbito de actuación.

Fraccionamiento de contratos: una práctica sospechosa

La Consejería ha autorizado la implantación de estas enseñanzas en 78 centros educativos. No obstante, solo cuatro de ellos han iniciado las obras de construcción o rehabilitación de las aulas, publicándose en el Portal de Contratación de la Comunidad de Madrid como contratos menores.

Estos contratos menores, que son adjudicaciones sin concurso, plantean serias dudas sobre un posible fraccionamiento de contratos, una práctica ilegal que permite sortear los requisitos de transparencia y competencia en la adjudicación de contratos públicos, según el portavoz socialista de Educación Esteban Alvarez.

Entre los ejemplos de estos contratos menores se encuentran:

• CEIP Los Espartales (Alcalá de Henares): dos contratos menores, uno de 120.879 € y otro de 11.979 €, ambos destinados a trabajos de albañilería y fontanería.
• CEIP Gabriel y Galán (Alcobendas): contrato por valor de 48.391 € con IVA.
• CEIP Ortiz Echagüe (Getafe): contrato por 37.436 €.
• CEIP Gandhi (Villaviciosa de Odón): contrato por 9.782 €.

Una práctica excepcional y recurrente

El PSOE de Madrid destaca que esta práctica es única en el panorama de las comunidades autónomas y sigue la misma línea de actuaciones irregulares que ya se encuentran bajo investigación judicial, como en el caso de algunos institutos y la Escuela de Artes.

Además, se ha detectado un comportamiento similar en otros procedimientos, como el adelanto del pago a auxiliares de conversación.

Demanda de transparencia y rendición de cuentas

Por todo ello, el PSOE de Madrid solicita de manera urgente, que el Gobierno de la Comunidad de Madrid cese en estas prácticas contrarias a la ley, que además ponen en riesgo la adecuada rendición de cuentas de los fondos europeos.

Es fundamental que la Consejería de Educación asuma sus responsabilidades y garantice una gestión transparente, eficiente y ajustada a la normativa para la creación de estas plazas tan necesarias para la infancia de nuestra región, concluye Esteban Álvarez.