La jueza ha decidido abrir diligencias contra la pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal y falsedad en documento mercantil, dando lugar a un nuevo capítulo en el contexto judicial que rodea a prominentes figuras políticas. Estas acusaciones ponen en entredicho la integridad y transparencia de la gestión financiera de la pareja, generando un impacto significativo en su reputación pública. La investigación se centrará en determinar la veracidad de los hechos y las posibles consecuencias legales que podrían derivarse de los mismos. Este caso pone de manifiesto la importancia de la ética y legalidad en todos los ámbitos de la sociedad, incluyendo a aquellos que ocupan cargos de relevancia en la esfera política.
Jueza investiga a pareja de Ayuso por presunto fraude fiscal y falsificación
La magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 19 de Madrid ha incoado diligencias previas por dos presuntos delitos de defraudación tributaria y un presunto delito de falsedad en documento mercantil contra Alberto G. A., pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso; Maximiliano Eduardo N. G.; David H. L.; Agustín C. S.; y José Miguel C. S. tras la denuncia formulada por el Ministerio Fiscal, recaída en este órgano judicial por turno de reparto.
Diligencias abiertas contra Alberto G. A. y otros por defraudación tributaria
La investigación se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto que se acompaña en archivo adjunto la juez razona que supuestamente y ‘como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros, delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal’.
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