Pozuelo argumenta ante el tribunal que el centro de inmigrantes carece de licencia y reafirma su solicitud de cierre.
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- 20 de enero de 2026
El Ayuntamiento de Pozuelo ha presentado hoy sus alegaciones contra las medidas cautelares solicitadas al juzgado por el Gobierno central para evitar el cierre del Centro de Recepción, Atención y Derivación (Creade) de extranjeros «que el Ministerio de Migraciones mantiene sin licencia en esta … ciudad». El consistorio, bajo la dirección de Paloma Tejero (PP), decretó en septiembre el cierre definitivo y otorgó al Ejecutivo central cuatro meses para «cesar en esa actividad por incumplir no solo la normativa municipal, sino también la estatal», según lo informado por ABC. En diciembre pasado, Migraciones anunció que había 125 personas en el Creade y sostiene la legalidad e idoneidad de las instalaciones para este propósito.
El equipo municipal argumenta que «ese centro solo tiene licencia para 270 camas de hospedajes breves para asistentes a cursos de la Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS), no para acoger de forma indefinida hasta 564 solicitantes de asilo, como admite el propio ministerio en la documentación que envió al consistorio en verano y que ahora ha presentado al juzgado». Esto representa, según afirman, un «riesgo cierto de hacinamiento».
En sus alegaciones, la alcaldesa menciona que la única licencia con la que cuenta el edificio desde 2013 estipulaba que «será necesaria la obtención de una nueva de funcionamiento cuando se modifique la clase de actividad a la que se dedicara el establecimiento y para la reforma sustancial de los locales o instalaciones» y que «cualquier modificación y los cambios de titularidad deberán ser comunicados al ayuntamiento».
El inmueble fue cedido a Migraciones para una actividad muy diferente a la original y sin solicitar una nueva licencia. El cambio se produjo en marzo de 2022 «únicamente» para atender la emergencia provocada por la guerra de Ucrania, pero un año y medio después, en septiembre de 2023, se transformó en un centro permanente y genérico. Pozuelo insiste en que el lugar no está adecuadamente preparado para acoger a solicitantes de asilo de todo el mundo, más allá del caso puntual de la invasión rusa al país europeo.
Desde el ayuntamiento recuerdan que el Gobierno central «ha amenazado en al menos un par de ocasiones con utilizar» el Creade «para acoger a cientos de menores inmigrantes no acompañados», lo que ha generado advertencias a la Comunidad de Madrid y a la Fiscalía de Menores.
Si el recurso resulta desfavorable para el Gobierno central y pasado ese ultimátum, la ley establece que el consistorio puede presentar otro requerimiento para un plazo definitivo de tres meses más (15 de abril de 2026), tras el cual, Paloma Tejero podría acudir a los tribunales y, además, iniciar un expediente administrativo sancionador, cuya multa máxima podría ascender a 3 millones de euros.
Paloma Tejero explica que, «cuanto más avanza este ayuntamiento en exigir al Gobierno de Sánchez que respete la ley en nuestra ciudad, más evidente se vuelve que no solo la ha incumplido, sino que está empeñado en seguir haciéndolo con decisiones tan irresponsables como permitir que se alojen casi 600 personas en un lugar que no tiene capacidad ni para la mitad, sin licencia y vulnerando todas las normas».