Supermercados DIA enfrentan multas por obstruir inspecciones en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria

Supermercados DIA enfrentan multas por obstruir inspecciones en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria

En un incidente que ha generado gran revuelo en el sector de la distribución alimentaria, los supermercados DIA se enfrentan a multas por obstruir inspecciones en el marco de la Ley de la Cadena Alimentaria. Según fuentes oficiales, las autoridades competentes han detectado una serie de irregularidades en las prácticas comerciales de esta cadena de supermercados, lo que ha llevado a la imposición de sanciones económicas. La Ley de la Cadena Alimentaria, que busca proteger los derechos de los consumidores y garantizar la transparencia en la producción y distribución de alimentos, ha sido incumplida por los supermercados DIA, lo que ha generado un gran impacto en la opinión pública.

Dia Retail España, multada con 100.000 euros por obstruir la acción de la AICA

La cadena de supermercados Dia, en concreto, Dia Retail España, ha sido multada por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) con 100.000 euros por una actuación de resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones de la administración. Esta cifra es la más alta decidida por este organismo, perteneciente al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.

La AICA solo apunta el motivo de esa sanción, no los datos de contexto. Es decir, no se sabe a qué actuación se refiere, ni qué hizo exactamente la empresa de supermercados. Sin embargo, la ley sí apunta qué ha podido ocurrir en este caso, al menos los escenarios que conllevan estos tirones de oreja. En concreto, explica que se refiere a actuaciones donde el infractor haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones administrativas para comprobar las posibles irregularidades.

La empresa controlada por LetterOne, la firma de distribución fundada por el empresario ruso Mikhail Fridman, se convierte así en la más sancionada desde que se publican los nombres de quienes se saltan la Ley de la Cadena, porque acumula cinco multas desde el primer trimestre de 2023. Tiene otras cuatro que, en conjunto, superan los 12.000 euros: tres, por incumplir los plazos de pago y una por no formalizar los contratos por escrito.

La multa más alta

Esta sanción es la más alta decidida por la AICA hasta la fecha. La ley establece que se refiere a actuaciones donde el infractor haya realizado actuaciones tendentes a dilatar, entorpecer o impedir las actuaciones administrativas para comprobar las posibles irregularidades. Entre los supuestos que conllevan esta sanción se encuentran:

• No facilitar el examen de documentos, informes o antecedentes, como asientos de contabilidad o archivos informáticos.
• No presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección.
• No atender a algún requerimiento debidamente notificado, la incomparecencia salvo por causa justificada.
• Negar o impedir indebidamente la entrada o permanencia en fincas o locales a los funcionarios, o el reconocimiento de locales, máquinas, instalaciones y explotaciones relacionados con esta ley.
• Coacciones a los trabajadores del sector público.

Esta actuación, la de obstruir la acción de la Administración o poner algún tipo de resistencia, tampoco ha sido muy habitual a lo largo de estos dos años, según la información sobre las multas de la AICA por saltarse la Ley de la Cadena. Solo ha habido otras dos actuaciones por este motivo. Una de ellas, a otra gran cadena de distribución, Alcampo, que conllevó 39.600 euros; y a Central Lechera de Lugo, por algo más de 18.000 euros.

La Ley de la Cadena Alimentaria

La Ley de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria vio la luz en diciembre de 2021 con el objetivo de establecer una relación comercial más justa entre el sector primario (agricultores y ganaderos) y los siguientes eslabones, la industria y la distribución. Sin embargo, hasta el momento no ha sido suficiente para lograr la meta que buscaba.

De hecho, su refuerzo fue uno de los motivos detrás de las protestas del campo de principios de año, hasta el punto de que el presidente del Gobierno se comprometió a fortalecer la legislación. De momento, los cambios están por concretarse pero pasan, sobre todo, por dar más peso y más poderes a la AICA. Lo que busca el Ministerio de Agricultura es convertirla en una agencia estatal.

Según el ministro Luis Planas, esto se traducirá en una mayor estructura, con más medios humanos y materiales para desempeñar sus funciones para reforzar significativamente su capacidad inspectora. Un compromiso que forma parte de los acuerdos que selló con parte de las organizaciones agrarias para poner punto y final –al menos, de momento– a las protestas.

A la espera de ese paso y reforzar la AICA, esta agencia ha impuesto más de 260 sanciones en casi dos años, por un importe total que supera ligeramente el millón de euros. En el último trimestre, el tercero de este ejercicio, ha habido menos pero de más calado, en parte porque esa sanción de 100.000 euros a Dia pesa más que las impuestas en trimestres anteriores.

Hay un matiz, porque estas cifras publicadas por la AICA no corresponden a todos los procesos e inspecciones que están en marcha. Esta agencia solo publica las sumas exigidas en el momento en que la sanción haya devenido firme, ya sea por vía administrativa o judicial.