El Gobierno central y la Generalitat de Cataluña han dado un paso crucial en el proceso de transferencia de competencias respecto al servicio ferroviario de Rodalies. En un acuerdo histórico, ambas instituciones han constituido la comisión política encargada de supervisar y coordinar este traspaso de responsabilidades. Esta decisión marca un hito en la relación entre ambas administraciones, demostrando una voluntad de diálogo y colaboración en beneficio de la ciudadanía. Rodalies, como sistema de transporte fundamental en Cataluña, requiere una gestión eficiente y coordinada para garantizar su óptimo funcionamiento y mejora continua. La creación de esta comisión política representa un avance significativo en la descentralización de competencias y en la búsqueda de soluciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.
PSOE y ERC acuerdan traspaso de trenes Rodalíes a Cataluña tras largas negociaciones
El ministro de Transporte y Movilidad Sostenible, Oscar Puente, y la consellera de Territorio de la Generalitat, Ester Capella, han presidido la constitución de la comisión política para el traspaso integral de Rodalies. La comisión será la encargada de hacer un seguimiento político y gubernamental del despliegue del acuerdo de traspaso y creará los grupos de trabajo que deben desarrollar los aspectos relacionados con la cesión.
Ministro Oscar Puente lidera comisión política para traspaso de Rodalies a Generalitat
Esta comisión se acordó el pasado 10 de enero en la reunión que mantuvieron Puente y Capella en Madrid, en la que se apuntó que se crearía en la primera semana de febrero. A principios de noviembre de 2023, PSOE y ERC acordaron el traspaso integral de Rodalies en el marco de las negociaciones para investir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
El acuerdo especifica la creación de una nueva empresa participada por ambas administraciones, Rodalies Catalunya, que será la que prestará el servicio una vez completado el traspaso, y que tendrá una participación mayoritaria de la Generalitat. Sin embargo, las decisiones estratégicas que deba tomar la nueva empresa necesitarán una mayoría calificada.
El acuerdo explicita que el Ministerio traspasará a la Generalitat la titularidad de la infraestructura ferroviaria en la que los servicios prestados sean de titularidad de la Generalitat y puedan excluirse de la explotación conjunta del resto de Red Ferroviaria de Interés General. Así, los tramos que serán traspasados incluyen, al menos, las líneas R1, R2 y R3, y solo se valorará la transferencia de vías que no afecten a los tráficos con otras comunidades autónomas o internacionales y que no incluyan el tráfico de mercancías.
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