En una decisión que ha generado controversia, el juez ha retirado el pasaporte y dejado en libertad al exasesor de Ábalos, Koldo García, y a otros detenidos en el marco del caso mascarillas. Esta noticia ha impactado en la opinión pública y ha levantado interrogantes sobre la gestión de fondos públicos y posibles irregularidades en la adquisición de material sanitario durante la pandemia. La decisión del juez ha sido objeto de debate entre aquellos que consideran que se está aplicando justicia y quienes ven en ello un posible privilegio para ciertos individuos. La resolución judicial ha puesto de manifiesto la complejidad y sensibilidad de los temas relacionados con la corrupción y la transparencia en la gestión de crisis sanitarias.
El magistrado de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, encargado de investigar las presuntas mordidas en la adquisición de mascarillas, ha resuelto la liberación de Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, su hermano Joseba, el presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y el empresario vasco Iñigo Rotaetxe. La Fiscalía no ha solicitado al juez el ingreso en prisión de Koldo García ni de los otros detenidos por presunta corrupción en la compra de mascarillas durante la pandemia.
El juez ha decretado la puesta en libertad de los implicados, aunque les ha impuesto medidas como la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer ante el juzgado de forma quincenal. La Guardia Civil detuvo al asesor de Ábalos y a otros investigados por supuestas mordidas en contratos relacionados con el suministro de material sanitario para los ministerios de Transportes e Interior, así como comunidades autónomas como Baleares y Canarias.
La investigación, dirigida por la Audiencia Nacional y con la participación de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, ha llevado a la detención de 14 personas por delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho que involucran a 20 individuos. Se han realizado registros domiciliarios y se estima que el monto de los contratos supera los 50 millones de euros.
La trama de presuntas mordidas en la compra de mascarillas ha generado un escándalo que ha salpicado a figuras políticas importantes, generando exigencias de explicaciones por parte del Partido Popular y promesas de colaboración por parte del Gobierno. La operación sigue abierta, por lo que no se descartan nuevas detenciones en el marco de esta causa que se mantiene bajo secreto judicial.
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