En una decisión sorpresiva, el juez ha ordenado retirar el pasaporte y ha concedido la libertad provisional al exasesor de Ábalos, Koldo García, junto a otros detenidos implicados en el caso mascarillas. Esta determinación judicial ha generado controversia y debate en el ámbito legal y político, ya que el caso en cuestión ha sido objeto de intensa atención mediática y pública. La decisión del juez de permitir la libertad condicional a los implicados, mientras se desarrolla la investigación, plantea interrogantes sobre los argumentos y pruebas presentadas en el proceso. La retirada del pasaporte de Koldo García y los demás implicados sugiere una medida cautelar para garantizar su presencia durante las diligencias judiciales.
El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno, a cargo de la investigación sobre presuntas irregularidades en la adquisición de mascarillas, ha decidido poner en libertad a Koldo García, exasesor del exministro José Luis Ábalos, a su hermano Joseba, al presidente del Zamora, Víctor de Aldama, y al empresario vasco Iñigo Rotaetxe.
La Fiscalía no solicitó la prisión preventiva para ninguno de los detenidos, incluido Koldo García, en relación con presuntos actos de corrupción vinculados a la compra de material sanitario durante la pandemia. El magistrado ha impuesto medidas cautelares como la retirada del pasaporte a García, De Aldama, y Rotaetxe, además de la obligación de presentarse quincenalmente ante el tribunal.
Además de García, han comparecido ante el juez el hermano de éste, el presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama, y el empresario Iñigo Rotaetxe, todos ellos vinculados a la presunta trama de corrupción en la compra de mascarillas.
La Guardia Civil detuvo a un asesor del exministro Ábalos por presunta corrupción en contratos relacionados con la adquisición de mascarillas durante la pandemia. Este hecho se enmarca en una operación que ha llevado a la detención de 14 personas por delitos como organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, afectando a un total de 20 individuos.
La investigación, liderada por la Audiencia Nacional con la colaboración de la Fiscalía Anticorrupción y la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, ha sido desarrollada con registros domiciliarios en diferentes lugares de España y la toma de declaraciones a personas relevantes en la trama.
Las pesquisas apuntan a supuestas irregularidades en contratos públicos por un valor superior a los 50 millones de euros, destinados a distintos ministerios e instituciones autonómicas. La trama habría implicado contratos de emergencia sin publicidad previa y con posible manipulación en su adjudicación.
El Partido Popular ha exigido esclarecimientos sobre el caso de las mascarillas y el Gobierno ha manifestado su disposición a colaborar en la investigación. La operación continúa abierta, no descartándose nuevas detenciones en el marco de esta causa que sigue bajo secreto judicial.
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