El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE) ha emitido un fallo histórico, declarando como abusivo el uso de la temporalidad en los contratos del sector público en España. Esta decisión representa un importante revés para las prácticas laborales en nuestro país, donde la precariedad laboral ha sido una constante en muchos sectores. La sentencia del Tribunal de Justicia de la UE pone de manifiesto la necesidad de garantizar la estabilidad laboral y la protección de los trabajadores en el ámbito público. Este pronunciamiento sin duda tendrá repercusiones en la legislación laboral española y obligará a replantearse las políticas de contratación en el sector público, con el objetivo de cumplir con los estándares europeos en materia de empleo digno.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha emitido un pronunciamiento relevante sobre la situación de los empleos indefinidos no fijos en España, equiparándolos a trabajos de duración determinada. Asimismo, ha advertido sobre posibles abusos en la contratación temporal en diversas administraciones públicas españolas.
En respuesta a consultas del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, relacionadas con litigios entre trabajadores y entidades como la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior de la Comunidad de Madrid, la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) y la Agencia Madrileña de Atención Social, el TJUE determinó que los contratos temporales sucesivos de larga duración podrían considerarse contratos de duración determinada.
El Tribunal Europeo subrayó la importancia de una interpretación adecuada del concepto de 'sucesivas relaciones laborales de duración determinada' para evitar la precarización laboral durante largos periodos. Adicionalmente, destacó que la falta de convocatorias para cubrir plazas de manera permanente por parte de la Administración podría propiciar la utilización abusiva de contratos temporales para satisfacer necesidades estables de personal.
Aunque el TJUE no puede intervenir en la interpretación del Derecho interno español, instó al Tribunal Superior de Justicia de Madrid a adoptar medidas para prevenir el uso abusivo de contratos temporales sucesivos. Reconoció la legitimidad de ciertas razones objetivas, como la garantía de acceso al empleo público en condiciones de igualdad, para justificar este tipo de contrataciones, pero resaltó la importancia de convocar plazas ocupadas provisionalmente en plazos establecidos para evitar la perpetuación de la precariedad laboral.
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