La noticia sobre la anulación de la Ordenanza de Terrazas de Almeida y Villacís por parte de la justicia dos años después, ha generado gran repercusión en la opinión pública. Este acontecimiento, que ha sido objeto de controversia desde su implementación, resulta relevante debido a las implicaciones que tiene en la regulación de las terrazas en la ciudad. La decisión judicial de declarar nula dicha ordenanza resalta la importancia del respeto a las normativas vigentes y el cumplimiento de los procedimientos legales. Asimismo, pone de manifiesto la responsabilidad de las autoridades locales en la elaboración de normativas que se ajusten a la legalidad y a las necesidades de la comunidad. Sin duda, este hecho marcará un precedente en la gestión de las terrazas en la ciudad, generando debates y reflexiones sobre la planificación urbana y el respeto al entorno.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid anula la modificación de la Ordenanza de Terrazas de Almeida y Villacís en Madrid
En una decisión trascendental, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha declarado nula la última modificación de la Ordenanza de Terrazas y Quioscos de Hostelería y Restauración del Ayuntamiento de Madrid, llevada a cabo por el Partido Popular (PP) y Ciudadanos. La referida reforma, que fue objeto de un recurso presentado por el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), ha sido anulada por no ajustarse a derecho.
La mencionada reforma de la ordenanza fue aprobada el 25 de enero de 2022 con el respaldo de PP, Ciudadanos y el Grupo Mixto, integrado por cuatro concejales afines a la exalcaldesa Manuela Carmena. Por su parte, los partidos de izquierda (Más Madrid y PSOE) junto con Vox se manifestaron en contra de la modificación.
El TSJM ha atendido a tres de los cuatro motivos de nulidad planteados en febrero de 2022 por los entonces concejales del PSOE, Mar Espinar y Álvaro Vidal, considerando únicamente conforme a la normativa el aspecto relacionado con las terrazas sobre bandas de aparcamiento, las cuales fueron eliminadas a principios de este año.
En su sentencia, a la que tuvo acceso Gacetín Madrid, se destaca que la aprobación de esta normativa se realizó sin contar con un informe presupuestario u otro análisis al respecto, así como la ausencia de una evaluación estratégica ambiental, informe ambiental o justificación de su necesidad. Además, se señala la falta de un proceso de información pública que permitiera a los ciudadanos, especialmente a los vecinos afectados, expresar sus opiniones durante la elaboración de dichas normas.
Como consecuencia de esta resolución, se impone al Ayuntamiento de Madrid, en calidad de administración demandada, el pago de las costas procesales, fijadas en la cantidad de 2.000 euros más IVA, por todos los conceptos.
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