En una nueva controversia que sacude el panorama político de la capital, el partido Más Madrid ha presentado una denuncia por las «posibles obras ilegales» realizadas en el piso donde reside la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. La acusación ha generado un fuerte impacto mediático y ha avivado las tensiones entre las diferentes fuerzas políticas. Según fuentes cercanas a la formación política, las irregularidades constructivas detectadas podrían constituir un serio incumplimiento de la normativa vigente, lo que ha desencadenado un intenso debate en el ámbito público. La polémica ha sumido a la opinión pública en un estado de expectación, mientras se espera el desenlace de este nuevo episodio que involucra a una de las figuras más destacadas de la política madrileña.
Más Madrid denuncia posibles obras ilegales en el piso de Ayuso
El grupo de Más Madrid ha presentado este miércoles, 20 de marzo, una denuncia ante la Junta Municipal de Distrito de Chamberí por posible infracción urbanística en el piso propiedad de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, en el que también vive la presidenta.
«Ante la constancia de una declaración responsable denegada y los diferentes indicios aparecidos en medios de comunicación (la propia pareja anunció que haría obras hace meses, y posteriormente el equipo de la presidenta dijo a un medio de comunicación que las obras se hicieron pidiendo otra licencia que no consta), y habiendo conocido que, tanto el anterior concejal-presidente del distrito de Chamberí como la funcionaria que firmó la resolución negativa de la solicitud de declaración responsable fueron purgados por Almeida, queremos que el alcalde actúe con total transparencia y cumpla con sus obligaciones legales de hacer valer la normativa urbanística. No vamos a consentir que el Ayuntamiento de Madrid se vea salpicado por los escándalos del clan de Ayuso», exponen desde Más Madrid.
Esta denuncia se suma a la batería de medidas que Más Madrid ha presentado en la Asamblea de Madrid sobre «los escándalos de Ayuso» y su «vinculación con la contratación pública de material sanitario en la pandemia y el modelo privatizado de gestión de la sanidad». «Vamos a llegar hasta el final», han incidido.
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