Solicitan una condena de hasta 26 años de prisión para un celador acusado de drogar y agredir sexualmente a una joven internada en Psiquiatría del Hospital Ramón y Cajal.
La Fiscalía ha pedido una condena de hasta 26 años de prisión para un celador del Hospital Ramón y Cajal, acusado de drogar y agredir sexualmente a una joven internada en Psiquiatría. Los hechos ocurrieron en el año 2019, cuando la víctima, una paciente de 19 años, habría sido drogada y posteriormente agredida por el acusado. El Ministerio Público considera que estos actos constituyen un delito de agresión sexual y solicita la máxima condena prevista por la ley. El caso ha generado gran conmoción en la opinión pública y ha puesto de manifiesto la importancia de garantizar la seguridad y protección de los pacientes en centros de salud mental.
Celador acusado de violar a joven en Hospital Ramón y Cajal enfrenta juicio
El juicio se celebrará a partir del próximo 15 de abril en la Audiencia Provincial de Madrid.
Solicitan hasta 26 años de cárcel para un celador, que trabajaba en el Hospital Ramón y Cajal de Madrid, acusado de drogar y violar a una joven de 18 años que estaba ingresada en la unidad de Psiquiatría del centro sanitario.
La Fiscalía solicita para el acusado 10 años de cárcel, petición que la acusación particular, ejercida por la familia de la joven, eleva hasta los 26 años.
El juicio se celebrará a partir del próximo 15 de abril en la Audiencia Provincial de Madrid por unos hechos ocurridos el 29 de abril y el 1 de mayo del año 2021 en la planta de Psiquiatría del hospital público madrileño.
El celador, según el fiscal, entró de madrugada en la habitación de la joven, le ofreció cocaína y cometió dos delitos de abuso sexual, hoy considerados agresiones sexuales con la nueva ley.
En una de las ocasiones la obligó a hacerle una felación, y la joven llegó a autolesionarse inmediatamente después de suceder los hechos.
Unos hechos que hicieron que se agravara la enfermedad que sufría, según el relato de la Fiscalía, que solicita también una indemnización de 20.000 euros que deberán afrontar la aseguradora y la Consejería de Sanidad como responsables civil directo y subsidiario, respectivamente.
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