Trama desmantelada que obtenía beneficios con contratos irregulares de repatriación de migrantes fallecidos en el mar

La reciente noticia sobre la desarticulación de una trama dedicada a lucrarse mediante contratos irregulares de repatriación de migrantes fallecidos en el mar ha sacudido a la opinión pública. Este hecho revela la existencia de una red criminal que se aprovechaba de la desesperación y vulnerabilidad de las familias de los migrantes para obtener beneficios económicos de manera ilícita. Las autoridades competentes han llevado a cabo una investigación exhaustiva que ha permitido identificar a los responsables y poner fin a sus actividades delictivas. Es imperativo que se tomen medidas para prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro y se garantice el respeto a los derechos humanos de todas las personas, independientemente de su condición migratoria.

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Desarticulada trama criminal que lucraba con repatriación de migrantes fallecidos en el mar

Una investigación liderada por la Guardia Civil ha permitido desvelar una red ilegal dedicada a la repatriación de cadáveres de migrantes norteafricanos fallecidos en el mar. La trama, compuesta por 14 personas detenidas y una investigada, se enfocaba en la obtención ilícita de contratos para repatriar los cuerpos de los migrantes. Los operativos se llevaron a cabo en 13 domicilios de Murcia, Almería y Jaén, donde se incautaron alrededor de 70.000 euros en efectivo, vehículos y documentación relevante.

La red criminal había estado lucrándose durante años a expensas de los familiares residentes en Marruecos y Argelia de los migrantes fallecidos en el intento de llegar a las costas españolas en pateras. Su modus operandi comenzaba mediante perfiles falsos en redes sociales, a través de los cuales se ponían en contacto con las familias ofreciéndoles información falsa sobre el paradero de sus seres queridos a cambio de dinero.

Tras enterarse de un naufragio, solicitaban datos personales de los desaparecidos a las familias para fingir una búsqueda, acompañarlas en la denuncia, gestionar pruebas de ADN y servicios de traducción, todo bajo la premisa de que era la única forma de proceder en España para la identificación y repatriación de los cuerpos, exigían un pago previo.

Para contactar con las familias, la red criminal utilizaba una gran cantidad de perfiles falsos en redes sociales, y para obtener información sobre la identificación de cadáveres, se valían de la colaboración de empleados de algunas instituciones públicas relacionadas con el proceso, como un Instituto de Medicina Legal.

Una vez obtenían información sobre la gestión de identificación de cadáveres, la compartían con las familias para asegurarse de que estas firmaran autorizaciones para que las funerarias implicadas en la trama obtuvieran los contratos de manera exclusiva.

La investigación se inició cuando se detectaron fotografías en internet, lo que llevó a la identificación del cabecilla de la organización, de origen marroquí, y de sus principales cómplices en Murcia y Almería. Este individuo se valía de sus contactos en las comunidades de origen magrebí para ganarse la confianza de las familias, acumulando una amplia red de contactos entre empresas funerarias y entidades relacionadas con las identificaciones y repatriaciones de cadáveres.

Detalles de los registros y las detenciones

En la fase de explotación de la operación, se llevaron a cabo 13 registros, ocho en Murcia –cinco en la capital, dos en Cartagena y uno en Molina de Segura-, cuatro en Almería y uno en Jaén. Durante estos registros, se incautó una abundante documentación relacionada con el caso, varios vehículos y cerca de 70.000 euros en efectivo en la vivienda de uno de los responsables del entramado.

En total, se han producido 14 detenciones y una persona investigada, acusadas de delitos como revelación de secretos, estafa, pertenencia a organización criminal, falsedad documental, cohecho y omisión del deber de perseguir delitos. Dos de los detenidos han ingresado en prisión tras ser puestos a disposición judicial. La investigación está a cargo del Juzgado de Instrucción nº5 de Murcia.

Mónica Rodríguez

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