La noticia sobre la Fiscalía Europea investigando la compra de mascarillas por parte de los gobiernos socialistas de Baleares y Canarias a una trama corrupta ha generado gran controversia en la opinión pública. Se ha puesto en entredicho la transparencia y legalidad de estas adquisiciones, que deberían haber sido destinadas a proteger a la población durante la crisis sanitaria. Las sospechas de posibles irregularidades en estos contratos han despertado la atención de las autoridades europeas, quienes buscan esclarecer la verdad detrás de estos hechos. La integridad y la ética en la gestión de recursos públicos son valores fundamentales que deben ser preservados en todo momento, y es responsabilidad de las instituciones garantizar la correcta utilización de los fondos destinados a la salud y seguridad de los ciudadanos.
Fiscalía Europea investiga compra de mascarillas por gobiernos socialistas de Baleares y Canarias
La Fiscalía Europea ha anunciado este lunes que ha abierto una investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias en los contratos firmados durante la pandemia por los servicios de salud pública de Baleares y Canarias para el suministro de mascarillas con empresas de la trama del llamado «caso Koldo».
Tras recibir una denuncia de un particular, la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés) llevó a cabo diversas medidas encaminadas a verificar su competencia para investigar los hechos alegados, como recopilar información adicional de la Fiscalía Anticorrupción y del Juzgado Central número 2, así como de los diferentes organismos encargados de gestionar la financiación de la UE.
Sobre la base de la información recabada, se ha tomado la decisión de iniciar formalmente la investigación por presuntos delitos de malversación de fondos públicos, prevaricación y tráfico de influencias de conformidad con la legislación nacional y el Reglamento de la Fiscalía Europea, ha informado la EPPO en un comunicado.
Entre Baleares y Canarias efectuaron compras de material sanitario de más de 15 millones de euros. En las Islas Canarias, con el actual ministro de Política Territorial, Ángel Victor Torres, como presidente durante la pandemia, fueron unos 12 millones, mientras que en Baleares, con la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol como presidenta del Govern, fueron 3,7 millones de euros.
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